Amigos, no pensé tener que llegar a esto. En fin, el tema es este, mi marido, como muchos saben, sufrió un infarto bastante extenso, y necesita un marcapasos ahora, pero el gobierno español ha decidido, de forma arbitraria y contra toda legalidad, negarle la asistencia sanitaria.

Os contaré la historia. A mi marido le dio un infarto bastante extenso en junio de 2018, así que pidió que le fuera reconocida una prestación por incapacidad, que le reconocieron, le brindaba cobertura sanitaria, y que tenía adicionalmente, una prestación económica.

Pero lo importante, para esta historia, es la cobertura sanitaria, porque estamos en Venezuela y ya se sabe lo que es el sistema sanitario en Venezuela, que hace ya años que está en emergencia sanitaria. Esa prestación era revisable, como lo son todas hasta los 65 años.

Esta asistencia la presta la @fes_vzla. Y allí le emitieron un informe médico que dice que el esta “estable”, que no califica para incapacidad y en consecuencia, NO TIENE DERECHO A ASISTENCIA SANITARIA. Ahora ¿como llegaron ellos a esa conclusión? pues con poderes paranormales.

Y digo con poderes paranormales porque el informe lo hizo el Dr. Jesús Uribe solo viéndolo y con la información clínica que tenía, que la más reciente era de febrero 2019. Es decir, con una evaluación de 10 meses, salida de un cataterismo, el Dr. Uribe concluyó eso.

Aparte de la irresponsabilidad de decirle a un paciente cardíaco que está capacitado, sin hacer un eco, ni una prueba de esfuerzo, ni nada de nada, ni siquiera un electrocardiograma, está la ilegalidad administrativa.

Esa revisión no podía ser hecha sin el conocimiento expreso del paciente, pero fue hecha a escondidas. De ahí salió lo que se conoce como dictamen-propuesta, firmado por las Dras. Rosa Da Silva e Isabel Duarte Quintans, que también le debió ser mostrado para alegar lo que fuera.

Ese trámite tampoco se cumplió. Lo que he contado hasta este momento nos coloca en diciembre de 2019, y hasta este momento mi marido no tenía ni idea de que se había abierto un procedimiento en su contra para retirarle la cobertura médica.

Claro, que si tienes una incapacidad y no tienes cobertura médica, pero recibes un dinero, te lo puedes pagar por tu cuenta, pero tampoco, porque la prestación económica le fue retirada también, y los medicamentos, todo esto sin que mediara una resolución.

Es decir, esto se hizo sin que hubiera un solo papel que explicara que había ocurrido. No le pagaban y ya, porque no les daba la gana. A lo Maduro. La FES, por su parte, lo sacó, lo volvió a meter y lo volvió a sacar cuando llegó la resolución.

Porque la resolución llegó ¡oh sí! después de mucho preguntarle a la Jefa de Sección de la Consejería, María del Castillo González Sánchez, que cuando se le preguntaba porque no se pagaba decía “no ha llegado resolución”. Que no había resolución se sabía ¿y por qué no pagaban?

Por lo dicho, porque no les da la gana, porque los derechos de los ciudadanos ellos los ven como “caridad” y claro, como es “caridad”, tampoco hay que respetar los derechos de ley como el derecho a la defensa. Tendríais que haber visto la cara de asquito que puso al decir eso.

Y cuando la resolución llega, llega con varias ilegalidades, la primera y más notoria es que llega cuando en España hay un Estado de Alarma declarado y los plazos administrativos están suspendidos ¿Cómo se hizo y se notificó una resolución con los plazos suspendidos? ¡A saber!

Pero es probable que algo haya tenido que ver el hecho de que el Ministerio se estaba reestructurando. Y que la Directora General de Migraciones, @Iruneagui, fue destituida en Consejo de Ministros justo el día que se emite la resolución.

Como todo lo hicieron como no era, en un proceso absolutamente arbitrario, se volvieron un lío con las fechas, así que la resolución, que vino con fecha de denegación de MESES antes de la propia resolución, tenía no una, sino 2 fechas de denegación, una de dic19 y otra de ene20.

Ya con la resolución en mano se puedo hacer un Recurso de Alzada, sin ella no se podía porque ¿cómo se recurre lo que no existe? Y aunque se pidió una suspensión de la ejecución hasta que se resolviera el recurso, seguimos igual.

Tenían un mes para responder eso, y al final se resolvió por silencio administrativo, pero cuando se pidió el certificado de silencio la respuesta fue que sí, que efectivamente se había cumplido el plazo, que la ejecución está suspendida, PERO, ellos no tienen nada que suspender.

Hay muchas otras irregularidades, que no cuento por falta de espacio, pero todo se resume a que el Estado Español le está negando asistencia sanitaria a un paciente de alto riesgo que vive en un país con crisis humanitaria y además, en medio de una pandemia.

El Consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, José Francisco Armas Pérez, se desentiende del asunto diciendo que eso ya no es problema de él, aún cuando se supone que justo para eso está él, para atender los casos que revistan alguna emergencia, como este.

La Secretaría de Estado de Migraciones, a cargo de @jalloul_hana, a quien corresponde resolver una resolución muy sencilla, porque es nula de peno derecho por donde se la mire, se aferra a que “tiene 3 meses para resolver”, porque se entiende, eso es más importante que una vida.

El derecho que tiene la Administración de esperar hasta el último momento para responder, vale mucho más que una vida humana. Y si en camino mi marido se muere, pues mejor, menos trabajo, ya no hay que resolver nada.

Visto esto, no nos quedará más remedio que abrir un crowdfunding para salvar la vida de un español al que el estado ha sentenciado a muerte, lo ha metido en una caja y ha tirado la llave. Como el caso de marido, muchos. Pero la mayoría no se queja, ni recurre, porque no sabe como

Esta es la historia, si me ayudáis a difundirla, os lo agradecería, sobre todo a los que tienen seguidores de España, porque lo cierto es que los españoles que estamos fuera, no tenemos acceso ni a la justicia española. Por lo visto, somos una suerte de apátridas.